El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha establecido que la ley china será la referencia para decidir si las víctimas de una estafa tienen derechos de propiedad sobre más de 61.000 bitcoins incautados por la Policía Metropolitana de Londres. La resolución se refiere a unos activos cuyo valor ronda los 5.000 millones de dólares y que se encuentran en el centro de un procedimiento de recuperación civil promovido por las autoridades británicas.
El origen del caso está en varios esquemas de inversión fraudulentos operados en China entre 2014 y 2017. Los fiscales sostienen que los bitcoins se adquirieron con el producto de esas estafas. Parte de las compras se habría realizado mediante una cuenta de intercambio y otras operaciones extrabursátiles, mientras que otra parte procedería de actividades de minería. Posteriormente, los activos quedaron vinculados a dispositivos localizados en Londres.
La persona relacionada con el expediente, Zhimin Qian, fue condenada el año pasado a once años y ocho meses de prisión después de declararse culpable de delitos de blanqueo de capitales. La condena penal, sin embargo, no resuelve por sí sola la cuestión civil que ahora ocupa al tribunal: determinar quién tiene un derecho de propiedad sobre las monedas y cómo debe repartirse cualquier recuperación.
La diferencia jurídica es importante. Los demandantes no solo intentan demostrar que perdieron dinero, sino que buscan acreditar un interés patrimonial concreto sobre los bitcoins incautados. El juez señaló que ser acreedor de los autores del fraude por el importe entregado no equivale necesariamente a ser propietario de los activos digitales localizados por las autoridades. Esa distinción puede limitar el alcance de las reclamaciones si los afectados no consiguen vincular su aportación con monedas específicas.
Los abogados de las víctimas habían defendido la aplicación del derecho inglés o de una combinación de la legislación inglesa y china. La fiscalía, en cambio, argumentó que debía utilizarse la ley china. El juez Mark Turner ha optado por esta última vía después de escuchar los argumentos de las partes. La decisión no determina todavía la titularidad definitiva: abre la siguiente fase, en la que deberá analizarse qué derechos tienen los solicitantes conforme al ordenamiento elegido.
El expediente reúne a unos 16.000 afectados chinos en el procedimiento. Una de las incertidumbres es si, en caso de prosperar sus reclamaciones, podrán participar en la revalorización acumulada por Bitcoin o si quedarán limitados al importe original de sus inversiones y a los intereses correspondientes. Esa diferencia puede tener un impacto enorme en el reparto final, porque el valor de los activos es muy distinto del dinero que se entregó a los promotores de las estafas.
La resolución también tiene una lectura institucional. El Reino Unido cuenta con una de las mayores reservas gubernamentales de Bitcoin identificadas públicamente, y este procedimiento puede influir en la cantidad que finalmente retenga el Estado o entregue a los reclamantes. Aun así, es prematuro tratar los 61.000 BTC como una reserva disponible para el Gobierno: el caso sigue abierto y la propiedad está pendiente de decisión.
Los representantes de los inversores han indicado que estudian recurrir la resolución. Mientras no haya una sentencia sobre la titularidad, el mercado debería separar con cuidado tres elementos: la incautación física de dispositivos, el control técnico de las claves y el derecho jurídico de propiedad. En los activos digitales, controlar una cartera no elimina necesariamente las reclamaciones de terceros ni convierte automáticamente a una autoridad en propietaria.
Qué vigilar a partir de ahora
• Si los abogados de los inversores presentan un recurso y cómo afecta al calendario del procedimiento. • Los criterios que aplicará el tribunal para probar la propiedad de cada reclamante bajo la ley china. • El destino final de los bitcoins y el posible impacto de una resolución sobre futuras incautaciones cripto.
Aviso: este contenido es informativo y no constituye asesoramiento ni una recomendación de inversión.